En diciembre de 2004 se aprobó en España la Ley Integral contra la Violencia de Género (LIVG) con la intención de frenar el flagelo de las mujeres muertas a manos de sus parejas. 13 años después, no solo no ha bajado el número de víctimas, sino que ha quedado claro que la LIVG ha generado una grave situación de desigualdad entre hombres y mujeres. La instrumentalización de esta ley, que viola derechos fundamentales como la presunción de inocencia, silencia la situación de muchas de sus víctimas mientras que la gran mayoría de los que conocen las injusticias que ocasiona se ven obligados a guardar silencio. Profesionales, expertos, víctimas y víctimas, rompen el silencio mostrando una realidad "silenciada" que afecta a cientos de miles de personas al año en España y que debe ser conocida por la opinión pública de una vez por todas.